El máximo tribunal de Panamá podría revocar el contrato de mina de cobre de First Quantum
Los nueve jueces de la corte analizan declarar inconstitucional el acuerdo con la compañía minera canadiense que le da derecho a la explotación del mineral durante 20 años y prorrogable otros 20 más
LA NACION
El máximo tribunal de Panamá podría fallar en contra de la minera canadiense First Quantum cuando decida sobre el futuro de un contrato para operar una mina de cobre clave en las próximas semanas, dijo la mayoría de abogados en una encuesta de Reuters, citando un precedente en un caso similar.
Los nueve jueces de la corte están sopesando si revocan el contrato de First Quantum para la mina Cobre Panamá, un importante proyecto que contribuye en un 5% al Producto Interno Bruto del país y en un 1% a la producción mundial de cobre.
El controvertido contrato, aprobado el 20 de octubre, otorga a First Quantum un derecho minero de 20 años con opción a prórroga por otros 20, a cambio de 375 millones de dólares de ingresos anuales para Panamá.
Sin embargo, se ha enfrentado a numerosas demandas de inconstitucionalidad, tras protestas de inconformes que afirman que favorece demasiado a la minera y alegan prácticas corruptas en su aprobación. Las manifestaciones han escalado hasta convertirse en un movimiento antigubernamental que ha dejado dos muertos.
El contrato de la minera ha acaparado la atención del país, meses antes de las elecciones programadas para mayo del 2024. A inicios de noviembre, Standard & Poor’s cambió de “estable” a “negativa” su perspectiva para Panamá, citando riesgos potenciales para la confianza de los inversores y para el crecimiento económico generados por los disturbios.
La incertidumbre también ha mermado el valor de mercado de First Quantum en unos 8000 millones de dólares canadienses (5800 millones de dólares estadounidenses).
En medio de la caída, la china Jiangxi Copper Co. Ltd., el mayor accionista de First Quantum, elevó la semana pasada su participación en la empresa canadiense al 18.5%.
Dos procuradores panameños han considerado inconstitucional el contrato tras examinar recursos legales presentados ante el tribunal, dijo Maritza Cedeño, presidenta del colegio de abogados del país, pero señaló que fallos anteriores se han desviado de las posiciones iniciales de estos funcionarios. Cedeño declinó revelar su postura, afirmando que el tribunal debe trabajar sin presiones.
Cuatro de los siete abogados encuestados por Reuters pronosticaron que el máximo tribunal anulará el contrato, en un fallo que podría conocerse a mediados de diciembre. Otros dos creen que el tribunal mantendrá el contrato, mientras que uno sigue sin estar seguro.
“Existe un precedente”, dijo el abogado Ariel Corbetti, señalando que el contrato tiene similitudes con el acuerdo inicial de First Quantum, que fue declarado inconstitucional en 2017. Ese contrato fue heredado por First Quantum en 2013 después de que se convirtiera en el operador de la mina. Sin embargo, en 2017, el máximo tribunal de Panamá consideró inconstitucional la ley bajo la cual First Quantum operaba la mina.
La sentencia fue publicada en la gaceta oficial en 2021, lo que obligó a ambas partes a llegar al nuevo acuerdo que se firmó el mes pasado.
Un representante del máximo tribunal panameño declinó hacer comentarios sobre el posible resultado y remitió a Reuters a un comunicado en el que decía que resolver las impugnaciones es la “prioridad número uno” del organismo. Por su parte, First Quantum no respondió a una solicitud de comentarios sobre el futuro del contrato a la espera de los procedimientos judiciales.
Prohibición de nuevas licencias mineras
Otorgar una concesión requiere una licitación pública, lo que no ocurrió con First Quantum, dijo Corbetti, quien añadió que entidades estatales extranjeras no pueden ser propietarias de recursos mineros, señalando la presencia de una empresa estatal china en el accionariado de First Quantum.
Si el tribunal considera que el contrato es inconstitucional, Panamá estaría en una situación delicada, dijeron los abogados, ya que el gobierno firmó el 3 de noviembre un proyecto de ley que prohíbe todas las nuevas concesiones mineras y sus prórrogas. Esto impediría a las dos partes negociar un nuevo acuerdo.
Panamá ha emitido siete órdenes de cancelación de concesiones mineras para acatar la nueva ley, informó la semana pasada el Ministerio de Comercio, sin dar detalles. Corbetti también dijo que las autoridades deberían buscar un buen acuerdo con la empresa para su salida y evitar litigios internacionales.
La Cámara Minera de Panamá ha instado a no cancelar el contrato, alegando que First Quantum podría demandar a Panamá por al menos 50.000 millones de dólares. En tanto, la corte también podría declarar partes del contrato inconstitucional, lo que no lo anularía por completo, dijo otro abogado.
Otros dicen que el tribunal fallará a favor de First Quantum. “Este conflicto no puede ser resuelto de forma temperamental”, dijo el abogado Juan Carlos Arauz, expresidente del colegio de abogados del país, añadiendo que no ve un escenario en el que el tribunal considere inconstitucional el contrato de la minera.
Arauz dijo que revocar el contrato pondría a Panamá en una situación de debilidad si el asunto va a arbitraje internacional y podría abrir a los líderes a litigios.
El abogado Víctor Baker dijo que se realizaron las consultas adecuadas para la aprobación del contrato y que no había necesidad de un proceso de licitación, ya que la minera tenía operaciones existentes, al tiempo que expresó su confianza en un fallo favorable a la empresa.
LA NACION
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