Encontraron muerta a la hermana de una exmodelo argentina acusada de participar de una red de tráfico de armas

El cuerpo de Silvia Elizabeth Nardi Aranda fue encontrado por la Policía Nacional de Paraguay en un complejo hotelero en la ciudad de Fernando de la Mora, luego de que el personal del complejo llamara a su habitación en varias oportunidades y no obtuvieran respuesta. La mujer de 30 años era hermana de Julieta Vanessa Nardi Aranda, una exmodelo argentina que -junto a su esposo, el empresario Diego Hernán Dirisio- quedó imputada en una investigación por la mayor operación de tráfico de armas hacia en Cono Sur.

La víctima de 30 años residía en la zona, y había ingresado sola al hotel el pasado viernes por la noche, con fecha de salida el lunes al mediodía. Según informó el medio local abc, el cuerpo habría sido encontrado con el torso desnudo y con manchas de lo que parecía ser vómito al costado de la cama en donde yacía.

Por su parte, el medio local El Nacional informó que el comisario Leonor González, jefe de la Subcomisaría 46 del barrio San Juan de la ciudad donde encontraron muerta a Nardi, detalló que no se halló ninguna sustancia ilícita ni bebidas alcohólicas, solamente jabones y restos de algún chocolate. En este sentido, destacó que el cuerpo no presentaba rastros aparentes de violencia.

La fiscalía que intervino en el caso ordenó el traslado del cuerpo a la morgue del Ministerio Público, en donde se procederá a realizarle una autopsia para determinar las posibles causas de muerte. Al mismo tiempo, los efectivos policiales están analizando las filmaciones del circuito cerrado del hotel para tratar de detectar algún movimiento sospechoso.

La pareja traficante de armas

Dirisio y su esposa habían formado parte de una operación de tráfico internacional destinada a brindarle armamento a las principales células del crimen organizado de Brasil. Gracias a la maniobra que llevaban a cabo, se cree que lograron ingresar desde Europa más de 25.000 armas en la última década, que habrían terminado en manos de organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), por un valor de aproximadamente US$230 millones.

Hasta ser capturados en febrero de este año, el matrimonio figuraba en una lista de 20 órdenes de captura que incluía a militares de alto rango en Paraguay -en donde se encontraban radicados hace más de una década- y a un “cambista” cuyo rol fue clave para los movimientos de los fondos para concretar la maniobra de tráfico. Además de la pareja, fueron arrestadas 13 personas, entre ellas, un general que llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea guaraní y un exjefe del órgano rector de control de armas en ese país.

Prófugos desde fines de noviembre, el matrimonio había desaparecido de Asunción al enterarse que la policía brasileña estaba detrás sus pasos. Acusado de haber importado de manera legal más de US$230 millones en armas través de la empresa International Auto Supply SA -que el argentino había instalado en la capital paraguaya- de países como Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia a Paraguay. En teoría, esa cantidad de pistolas y fusiles estaban destinadas al mercado interno del país, pero los datos oficiales de la Dirección de Material Bélico solo habían registrado 22 armerías, por lo que las autoridades comenzaron a sospechar sobre el destino de las restantes.

El rol de los militares paraguayos era clave en la operación, ya que la Dirección de Material Bélico era la encargada de aportar las autorizaciones para la importación de las armas, como así también los controles de que llegaran a destino, algo que no ocurría.

Dirisio tenía aparte de los contactos políticos vínculos con la plana mayor de las fuerzas armadas paraguayas. Su nexo, según la investigación, era con el general Arturo González, quien utilizó influencias para nombrar al general Jorge Orué Roa en Dimabel. La justicia brasileña tiene conversaciones y mensaje de WhatsApp entre Arturo González y Eliane Marengo Subeldía, imputada y vendedora externa de International Auto Supply SA.

Aranda y Dirisio se habían instalado en la localidad cordobesa de Cerro Las Rosas, en donde finalmente fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal y de Interpol. Mientras tanto, continúan esperando si la Justicia Federal argentina los someterá a un juicio de extradición a Brasil, un trámite judicial que suele durar mucho tiempo.

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