Tras horas de tensión: suspendieron el desalojo de 107 familias de una exfábrica abandonada en Parque Patricios
El juez que había ordenado la medida, ante el riesgo que podía implicar el operativo, la prorrogó, al menos, por seis meses
LA NACION
El desalojo de 107 familias de una exfábrica abandonada en el barrio porteño de Parque Patricios finalmente fue suspendido por el juez que lo había ordenado, luego de horas de tensas negociaciones entre los habitantes, los oficiales de Justicia y el gobierno de la ciudad.
Según pudo saber LA NACIÓN, se trataría de una prórroga por seis meses, plazo durante el que funcionaría una mesa de diálogo tendiente a encontrar alternativas habitacionales para los ocupantes actuales del inmueble, situado en la calle Santa Cruz 140.
Mientras se espera una confirmación oficial, en el lugar los vecinos desarman las instalaciones que montaron durante la mañana en los alrededores para resistir el operativo.
Alrededor de las 9 y luego de extensas conversaciones, oficiales judiciales, representantes del gobierno porteño, familias y el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informaron que se había alcanzado un principio de acuerdo por el cual se iba a abrir una mesa de negociación para que, en el plazo de cinco días, se pudiera encontrar soluciones alternativas a la situación habitacional de los habitantes.
La novedad fue informada por la abogada de las familias, Iliana Llanos, que consignó que los oficiales de Justicia aguardaban el aval del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°60, a cargo de Fernando Cesari.
“Estamos esperando al oficial de justicia. Recién nos enteramos de que no vino uno solo, sino por lo menos hay más de cuatro. Hay un operativo descomunal. El parque está todo vallado”, dijo a Télam Llanos, que vive hace 10 años en el edificio y es la presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.
Al mediodía, había 14 los oficiales de Justicia presentes en el lugar monitoreando la situación y siguiendo las directivas del juez Cesari.
Según pudo comprobar LA NACIÓN, el magistrado elevó dos órdenes de avanzar con las fuerzas hacia la propiedad de la calle Santa Cruz, pero los oficiales consideraron que no estaban dadas las condiciones de hacerlo. La presencia de más de 100 niños y adultos mayores, y el clima que se tornó desfavorable elevaron la adversidad para el operativo.
Si el juez Cesari seguía con la orden del desalojo, la Ciudad había propuesto al menos una especie de cuarto intermedio de un mínimo de cinco días para organizar la logística y reubicación de las familias.
No obstante, la Justicia tenía, en ese momento, todas las herramientas legales para avanzar contra el acceso de la calle Santa Cruz 140 donde se abroquelaban habitantes del edificio y militantes de distintas organizaciones sociales. “Hay que defender la puerta”, bramaban.
“No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto? ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?”, se había preguntado más temprano Llanos.
Desde ayer por la tarde, cuando se realizó un festival y vigilia en apoyo a las 170 familias que viven –algunas– desde 2004 en el edificio, un grupo de alrededor de 600 personas resistieron el desalojo, que finalmente hoy no se concretó.
Afuera del establecimiento acompañaban organizaciones y manifestantes, en tanto que dentro del edificio de seis pisos se encontraban gran parte de las personas que lo habitan.
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil N°60.
Según una resolución dictada el miércoles pasado por el juez Cesari, el desalojo podía realizarse de de forma “escalonada” y se autorizó al gobierno de la ciudad a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de considerarlo necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña. En ella, la cartera advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” debido a “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”, mientras sostuvo que “no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan”.
Fuentes oficiales informaron a LA NACIÓN que “si bien la sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda y ordena el desalojo data de abril del año 2016 (sentencia que fue confirmada por la Cámara en diciembre del 2017, quedando de esta manera firme), y que el lanzamiento fue decretado en mayo de 2018, confirmado por la Cámara en agosto de ese año; dicha medida aún no se ha ejecutado debido a las reiteradas presentaciones efectuadas por asociaciones, legisladores, demandados y la Procuración General de la CABA solicitando la suspensión del lanzamiento, debido a la complejidad en su ejecución y las distintas situaciones sobrevinientes como la emergencia sanitaria”, cada una de las cuales fue rechazada por el juzgado, y su decisión ratificada por la Cámara.
“Con fecha 25 de octubre el Juzgado desestimó la presentación de la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo tendiente a buscar una solución habitacional y a la posibilidad de la ejecución del lanzamiento en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, fijó fecha para el desalojo el día 31/10″, señalaron los voceros.
El edificio donde se emplaza la Casa Santa Cruz es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que quebró en la década del 90.
En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirida por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.
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